Articulo realizado para el Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad

El mundo entero se encuentra ante una crisis pandémica. Lamentablemente ya ha quedado en evidencia que la falta de información oportuna y medidas asertivas contra la Covid-19 se traduce en miles de infectados por día, lo que compromete la capacidad de atención de los sistemas de salud, actualmente vulnerables ante esta avalancha. Por esta razón los Gobiernos se han inclinado hacia la cuarentena como mecanismo de contención a la propagación de esta enfermedad, lo que ha significado una disminución abrupta de la actividad económica.

La Covid-19 paralizó la economía mundial, es una externalidad de altísimo costo y ante esta situación, lo que queda es tomar decisiones que puedan mitigar sus impactos. Son inevitables las pérdidas en materia económica, pero se pueden aplicar políticas que ayuden a amortiguar el impacto sin comprometer la estabilidad futura de la economía. Esto es importante resaltarlo, pues como menciona Henry Hazlitt “el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o medida política y no meramente sus consecuencias inmediatas; en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores”.

Venezuela recibe esta crisis pandémica bajo un escenario socio-económico dantesco, a lo que se suma el impacto negativo de una cuarentena de 30 días, susceptible de prórroga. Este escenario es altamente preocupante, pues sabemos que el país no cuenta con los recursos para hacer frente a esta situación. Una población desnutrida, una pobreza abrumadora, falta de servicios básicos, la cuentas públicas en rojo, con cesación de pago de sus compromisos externos y sin capacidad para acceder a fondos internacionales dado el problema político, anulan los márgenes de maniobra necesarios para atender el impacto de la pandemia.

Siendo nuestro tema de interés el área económica, la primera pregunta que hay que realizar es por cuánto tiempo nuestra economía soporta una cuarentena. Nuestro 1 2 sector privado no tiene la capacidad para sobrevivir un período de poca o nula actividad económica, y cuando hablamos del sector privado estamos incluyendo tanto a las familias como a las empresas, pues privados somos todos, aunque actualmente muchos gobiernos mediante sus discursos y sus políticas quieran hacernos ver lo contrario.

Frente a una recesión como la que vivimos, la primera medida de distintos gobiernos ha sido disminuir la presión fiscal, para que de esta manera los ciudadanos y las empresas puedan aprovechar esos recursos a conveniencia, como por ejemplo asumiendo costos fijos y pasivos laborales. Esta es una medida de hecho bastante liberal, pues el Estado renuncia a sus ingresos fiscales para que sea el sector privado, nosotros, quienes podamos disponer libremente de esos recursos

Esta política viene acompañada de subvenciones, sea por medio de transferencias directas a las familias o sea que el Estado asuma temporalmente -por ejemplo- el pago de rentas y servicios públicos, pues “no existe tal cosa como un almuerzo gratis”, y por lo tanto, mantener el buen funcionamiento de los servicios durante el aislamiento significa asumir costos que alguien tiene que pagar, pues de lo contrario se hace insostenible. Nuevamente, lo que esta medida genera es que los impuestos de los contribuyentes sean regresados a su origen, al sector privado, quien dispone libremente de mayores recursos para hacer frente a la crisis.

Preocupa sobremanera nuestro presente y nuestro futuro, sobre todo la débil capacidad que tenemos para sostener las medidas de aislamiento social. Nosotros, los ciudadanos, el sector privado, estamos totalmente vulnerables y a la buena de Dios frente a esta crisis, no solo en materia económica, sino en materia de salud y servicios básicos.

El Estado Venezolano está quebrado, los ingresos fiscales se erosionaron entre la destrucción de la economía y la hiperinflación que ellos mismos generaron; la principal fuente de divisas del país -PDVSA- está destruida, con niveles mínimos de producción y con un barril que cotiza por debajo de su costo medio. Evidentemente, no existe ningún fondo de contingencia, de ahorro, previsión o de estabilización macroeconómica que pueda servir de colchón para amortiguar el actual problema

Las medidas económicas que se anunciaron no contemplan la reducción de la presión fiscal, todo lo contrario, están presionando para que las empresas y los particulares declaren y paguen el impuesto sobre la renta, y no se ha revisado a la baja el impuesto al consumo (IVA). Esto significa que los recursos actualmente disponibles 3 tienen que ser declarados, y por lo tanto se reduce la capacidad de maniobra.

Por el contrario, se suspendió el pago de rentas, servicios y créditos entre privados, sin que el Estado asuma soporte alguno, por lo que es el sector privado quien deberá cargar con esos costos o declararse en quiebra. Esto es una vulgar y arbitraria transferencia del problema. Por ejemplo, en el caso de los alquileres, la medida solo está trasladando el problema desde los arrendatarios a los arrendadores. Con el fin de ahorrarle recursos a un sector, está comprometiendo los posibles ingresos de otros sectores.

Las medidas económicas incluyeron un conjunto de subvenciones, pero al tener clara la deplorable situación de las finanzas públicas, sabemos que el financiamiento de esas transferencias se realizará vía impuesto inflacionario, es decir, estamos hablando de una medida populista que más que ayudar a la ciudadanía, lo que hace es pulverizar aún más su poder adquisitivo.

Dada la situación actual, ¿qué se puede hacer? ante la falta de recursos la opción evidente es recurrir al financiamiento, pero en este terreno también tenemos muchos problemas. El primero de ellos y más inmediato es nuestra crisis política. Las instituciones como el FMI y el Banco Mundial se encuentran a la expectativa de prontas soluciones, mientras tanto, esa opción está cerrada. ¿Puede contar Maduro con la ayuda monetaria de países aliados? cada quién está librando sus batallas contra el Covid-19, por lo que esa opción no parece factible.

Preocupa sobremanera nuestro presente y nuestro futuro, sobre todo la débil capacidad que tenemos para sostener las medidas de aislamiento social. Nosotros, los ciudadanos, el sector privado, estamos totalmente vulnerables y a la buena de Dios frente a esta crisis, no solo en materia económica, sino en materia de salud y servicios básicos.

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