Lo que denominamos sueldo mínimo es distinto al sueldo que pagan los patrones, se llame bono u otro, y tenemos que los montos a cancelar dependen de factores diferentes. El sueldo mínimo es un monto fijado por el Estado para “determinar” el valor que tiene un empleado en el rubro y servicio que ofrece. En cambio, las comisiones, bonos o en general el sueldo, representan un valor de mercado.
Podemos categorizar el mercado según lo que nos ofrece. Tenemos el mercado de productos y servicios, dónde podemos comprar bienes a cambio de dinero y disfrutar de ellos, encontrando así cierto grado de satisfacción. Y además existe el mercado laboral, sitio en el cual ofrecemos nuestro servicio de trabajo, y somos propiamente contratados. Se nos ofrece consecuentemente un monto, según lo que el contratante esté dispuesto a pagar, y nosotros aceptamos o no según lo que nosotros estemos dispuestos a recibir como pago por nuestro servicio y conocimientos.
Cabe destacar que, así como en el mercado de productos y servicios podemos desestimar o valorar un producto más que otro, a tal o cuál precio, según sus características y según las preferencias que tengamos en ese momento respecto al repertorio de nuestras prioridades, lo mismo sucede en el mercado laboral; el que contrata también desestima o valora el servicio laboral que se le ofrece y lo compara con otras ofertas. Pero al fin y al cabo, tanto nosotros como el que contrata, los que pagamos por un bien (producto o servicio), lo hacemos voluntariamente –como agentes económicos– por medio del intercambio.
Históricamente y en la actualidad han existido restricciones sobre el mercado, y propiamente sobre los intercambios que realizamos en él. En Venezuela se ha realizado un fuerte control sobre los precios, así como también se ha llevado a cabo un control cambiario. Este tipo de regulaciones distorsionan la realidad económica y los incentivos que podamos tener a la hora de realizar intercambios, produciendo menos riqueza, y dándole prioridad a lo que aún pueda ser rentable, restándole valor a aquellos bienes que consideremos menos necesarios (no prioritarios).
Recordemos que, a medida que un bien X o un bien Y sea valorado, lo mismo sucederá con los bienes que lo producen. En esta ecuación no solo caben los bienes de producción, los activos fijos que permiten que una empresa sea más productiva, si no que además toma en cuenta la mano de obra. En este sentido, una persona será mejor recompensada por su trabajo –como servicio que ofrece– a medida que sea más demandada en el mercado laboral. Y viceversa, a medida que no sea tan valorado su trabajo será en ese sentido menos recompensada; nadie pagará más por un servicio que no le genera alguna satisfacción, al menos que se les obligue a hacerlo –como si es el caso de las exigencias tributarias y de trámite.
Ciertamente hay una cuestión de proporciones a considerar. Un médico seguramente será más demandado –se valore más su trabajo– que un bibliotecario, pero en ningún caso significa que el segundo no ofrezca un servicio de buena calidad o que no sea valorado. Ambos pueden ser bien recompensados por el servicio que ofrecen, pero ciertamente las situaciones que llevan a un médico ser médico –el esfuerzo que le lleva prepararse, el tiempo, el capital– son menos probables o más costosas que las situaciones que le llevan al bibliotecario ser bibliotecario. Las circunstancias materiales, las prioridades y la voluntad son las que diferencian y coordinan la oferta que se da en el mercado, valorándose más el servicio que otro y recompensándose (sueldo) correspondientemente al que lo ofrece.
Pero lo mismo pasa con el mercado laboral. Así como el mercado de productos y servicios tiene dificultades con el control cambiario, el control de precios y otros, éste también lo tiene, y es precisamente el denominado sueldo mínimo, el cual no atiende a una necesidad y sí a un capricho de la justicia social y a la inconformidad derivada de situaciones particulares –que no digo que no sean comunes–. Algunos podrían argumentar que un sueldo que te permita vivir con dignidad es más justo y merecido. No tengo nada que objetar a eso, pero ciertamente será justo y meritorio cuando no se aplique a través de intervenciones en el común acuerdo de las partes que intercambian un bien por otro bien, porque además se debe considerar que detrás de todo intercambio existen derechos de propiedad y de libertad económica, que no merecen y no es justo ser vulnerados. Un sueldo –no digamos ya el sueldo mínimo–, como recompensa, resultado del trabajo y conocimientos del que lo ofrece, será justo a medida que atienda a las necesidades de aquel que lo demanda y éste se encuentre en disposición para recompensarlo.
Si lo pensamos un poco podríamos convenir que el mercado se encuentra en mayor capacidad para corresponder a las necesidades de la sociedad. (I) Busca y aplica los conocimientos que posee para servir al otro, (II) Tiene incentivos para optimizar su proceso productivo, (III) asume el costo de sus malas decisiones y (IV) mejora la calidad de vida de las personas, incluso de ellas con las que nunca ha realizado y no pretende realizar ningún tipo de intercambio. Lo mismo no sucede con el Estado, al menos no de forma efectiva o moral.
Sin embargo, alguien podría argumentar que las empresas no en todos los casos se hacen cargo de sus malas decisiones, dejando a cargo de la sociedad –lo que se llama en economía– externalidades negativas. Y es plenamente cierto que las externalidades negativas suceden y no podríamos acá defenderlo, como tampoco no agregar que un gravamen que no sea consecuente con el nivel de contaminación, pueda solventar acertadamente la situación. Por lo tanto, si se pretende aplicar en una sociedad, con Estado o sin él, debemos tomar en cuenta que según sea su peso puede desincentivar el desarrollo y/o paso a tecnologías amigables con el ambiente.
Podríamos afirmar que el sueldo mínimo es una regulación al mercado laboral, pero que también es un gravemente erróneo. Y digo erróneo en tanto que hago referencia a la “explotación laboral” al que es sujeto el trabajador que brinda su servicio voluntariamente y, por lo tanto podría ser considerada –la explotación laboral– como una externalidad negativa. Pero ya he comentado que ambas partes valoran más aquello que reciben que propiamente aquello que ofrecen, y que además el intercambio, los beneficios que obtienen de él es producto de su voluntad y no de una verdadera explotación en sentido peyorativo.
Lo que si tenemos es un gravamen a las externalidades positivas. Ahora el empleador deberá pagar más por el servicio de un trabajador que no es tan valorads, lo que lo conducirá a buscar a aquellos que sean lo suficientemente productivos para ser recompensados con el sueldo establecido por el Estado (el sueldo mínimo). Por otro lado tenemos personas dispuestas a trabajar por menos de lo que se exige legalmente, pero que no se les permite aceptar tal acuerdo debido a que no es un sueldo justo ni meritorio, lo que los conduce inevitablemente al mercado negro y trabajar sin mayores beneficios que al hacerlo bajo la legalidad del Estado.
Ahora bien, a medida que se establece y se renueva el sueldo mínimo, a medida que éste es cada vez más elevado, tenemos como contrapartida el despido de personal capacitado e improductividad por parte de las empresas. En este sentido, las empresas se encuentran cada vez con menos capacidad para generar riqueza y de cubrir sus necesidades, y por lo tanto la de los demás, llevándolas a la quiebra.
Dicho de otra manera: Las empresas poseen un presupuesto con el que deberán hacer frente a gastos operativos y financieros, obligaciones, cargas tributarias y costos de producción. En este último y también en el primero tenemos representado en parte la nómina con la que cuenta la empresa. Un incremento de esta partida, y debido a las limitaciones del presupuesto, llevarían al recorte de cualquier otra. Evidentemente no podemos reducir la carga tributaria, como tampoco las obligaciones ya asumidas, cosa que sí podríamos hacer con la nómina o con los costos de producción –disminuyendo la calidad– y servicios que ofrecemos.
Si una empresa decidiera disminuir la calidad de los bienes que ofrece –que invariablemente se ve obligado a hacer en situaciones de crisis– posiblemente vería como sus ventas caen, lo que indicaría en cadena que su nómina no es tan preciada por el mercado –, no por el que contrata–. Pero eso además llevaría inevitablemente a la empresa a realizar recortes en la nómina, en tal caso de que no lo hiciera en primera instancia. Al reducir el monto de la nómina se tienen dos opciones; se disminuye el sueldo por persona o se despide personal. En el primer caso se paga el trabajo según lo valore el mercado –y en caso del que ofrece el servicio no estar de acuerdo se retira y disminuye la oferta laboral– o se despide personal.
Lo cierto es que, al tener una nómina restringida, y en consecuencia una empresa sin capacidad de operar por los altos costes de la mano de obra, nos lleva a ser menos productivos. Esa situación conlleva a un ciclo vicioso; al disminuir el personal, disminuye la capacidad operativa, al disminuir la capacidad operativa, disminuye la producción. Lo mismo ocurre con la producción agregada, requiriendo por lo tanto menos unidades monetarias para el intercambio comercial –porque se hacen menos intercambios– entre los agentes económicos que tranzan sus productos y servicios.
Una clara muestra de que los bienes de intercambio –en particular las unidades monetarias– son menos valorados, es precisamente el hecho de que se requieran cada vez menos para el intercambio comercial. Cuando tenemos una sociedad con una economía cada vez más intervenida, que tiende a la improductividad por las dificultades ya referidas, tenemos también una caída en la demanda de los bienes de consumo, de intercambio y otros tipos de bienes (en contrapartida algunos pueden elevarse; bienes sustitutos o propiamente los bienes Giffen–. Pero acá solo nos interesa los bienes de intercambio; puntualmente las unidades monetarias.
Carlos Rangel (1976:VIII) afirma que “todavía hoy perduran en Latinoamérica y lastran su desarrollo económico actitudes y situaciones que obstruyen la actividad económica privada conducida de buena fe”, y que precisamente esas actitudes y situaciones recompensan “a los negociantes inescrupulosos, a los traficantes de influencias, a los sobornadores de funcionarios públicos y defraudadores del fisco”. En situaciones de mayor intervención no solo tenemos dificultades para que las empresas se encuentren en capacidad de operar y cubrir sus obligaciones, si no que también el Estado las tiene. “Frente a esto –continua Rangel–, la reacción espontánea del gobernante heredero de la tradición mercantilista hispánica será aumentar los controles, las restricciones, las fiscalizaciones, sin advertir que no hay ninguna razón para que haya menor proporción de gente sobornable entre los contralores que entre los controlados, de manera que, con cada nuevo trámite, con cada nueva restricción crecen las probabilidades de corrupción…”.
Bajo la bandera de la justicia social y el merecimiento de una vida digna se ha implementado controles y regulaciones–y otro tipo de restricciones como el sueldo mínimo–en sociedades sin capacidaddehacer frente a ellos, resultando ser una cura peor que la enfermedad y que nada contribuye a los problemas reales.
El sueldo mínimo y la inflación guardan relación, de otro modo, ¿Cómo podríamos convenir en que las restricciones influyen sobre el valor de los bienes que se intercambian en el mercado y no determinar que un tipo de restricción sobre el mercado laboral, como lo es sin duda –y por lo que hemos expuesto– el denominado sueldo mínimo, no pueda ser de la misma naturaleza? La insistencia de un sueldo mínimo fijado por el Estado a terminado contribuyendo a la parasitación del sistema productivo venezolano, llevando a una crisis moral, económica y humana del país, y teniendo como colmo en la actualidad (2023) un sueldo estándar de mercado superior a cualquier otro sueldo fijado. Empíricamente se ha reconocido la no necesidad de establecer un tipo de control sobre el mercado laboral, pese a opiniones de que así debe de hacerse, ya que ha demostrado ser un modelo más justo y eficiente aquel en el que se no se les pide a los políticos de turno una mano, si no que mas bien, se les demanda que les quiten la que ya tienen encima y les imposibilita prosperar.