Con la reciente elección de Javier Milei como presidente, Argentina entra en un periodo de profundas reformas, buscando aliviar la situación generada por la inflación mensual más alta de Latinoamérica.
El gobierno del primer presidente autoproclamado liberal-libertario es resultado de una coalición de distintos factores políticos. En este contexto, la ministra de seguridad Patricia Bullrich, conocida por su enfoque de mano dura y el lema “el que las hace, las paga”, ha puesto su atención en los consumidores de marihuana. La ministra ha utilizado las redes sociales para promover las acciones de su cartera, enfocadas en reforzar la guerra contra las drogas en Argentina, una campaña que, según críticos, se traduce en una guerra contra la libertad individual.
Aunque existen antecedentes, como el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia, que desafían la constitucionalidad de penalizar la tenencia de drogas para uso personal, los cambios legislativos han sido limitados. La ley 23.373, con más de 30 años de antigüedad, todavía no se ha adaptado a una perspectiva más humana y racional.
Con Javier Milei en la presidencia, Argentina se encuentra ante la oportunidad de redefinir su política de drogas, guiada por los principios de libertad personal y responsabilidad individual. Milei, firme en su rechazo a las restricciones sobre la posesión y el consumo de drogas, se posiciona como un defensor de la autonomía y la elección personal en estos temas. Sin embargo, su enfoque, que parece depender más de su limitada experiencia personal con el cannabis que de un análisis detallado, plantea preguntas sobre la profundidad de su entendimiento en un tema tan complejo. Aunque su perspectiva personal ofrece un punto de vista, la falta de un respaldo más amplio basado en evidencia científica sugiere una posible brecha en la consideración integral del asunto, vital para cualquier política que aspire a respetar plenamente las libertades individuales y la responsabilidad personal.
En relación con el estado de bienestar, Milei sostiene que la sociedad no debe asumir los costos derivados del consumo de drogas, poniendo énfasis en la responsabilidad individual. Argumenta que un estado menos involucrado en la salud pública permitiría a las personas asumir completamente las consecuencias de sus elecciones, incluyendo las autolesiones. Esta postura implica que, para Milei, la despenalización efectiva de las drogas debería ir acompañada de un cambio en el papel del Estado en el bienestar de los ciudadanos.
Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que los problemas asociados a la prohibición de drogas van más allá del alcance del estado de bienestar. Las políticas represivas no han logrado disminuir la demanda y han fortalecido a las organizaciones criminales. Los consumidores se han visto empujados hacia un mercado negro, aumentando los riesgos para la salud y perpetuando un ciclo de violencia y criminalidad.
Parece que la reforma en la política de drogas no es una prioridad, no tanto por el debate sobre el estado de bienestar, sino por la influencia de actores conservadores opuestos a la libertad individual en este ámbito. Además, resulta contradictorio que bajo un gobierno que se autodenomina libertario, no se realicen indultos para los condenados por consumo de drogas, una medida que podría reducir la estigmatización y la criminalización.
La guerra contra las drogas ha sido perjudicial, especialmente para los más vulnerables. Argentina necesita un enfoque basado en la empatía y la evidencia, que reconozca el derecho de cada individuo a decidir sobre su cuerpo y bienestar. La despenalización del cannabis no solo implica libertad personal, sino también la oportunidad de aliviar el sistema judicial y fomentar el desarrollo económico y la investigación médica.
Las políticas de drogas deben centrarse en educación, prevención y tratamiento, en lugar de criminalización y represión. La experiencia internacional indica que la regulación y el control, junto con políticas de salud pública y educación, son más efectivos para reducir los daños del consumo de drogas que la simple prohibición.
Es crucial que el gobierno de Milei lidere una reforma en la política de drogas, demostrando que la libertad y la responsabilidad personal son principios activos en su gestión. La sociedad argentina merece una política de drogas que refleje los valores de una sociedad moderna, libre y justa.