Artículo publicado originalmente en la página web del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad. Link: https://cedice.org.ve/observatoriogp/portfolio-items/quecedicedeeconomia-38-otra-vez-ocupacion-temporal-y-supervision-de-precios/?portfolioCats=9
Venezuela se encuentra en una situación comprometedora. Su fragilidad ha sido inducida a través de políticas aplicadas de forma deliberada y sistemática durante muchos años, dentro del modelo del Socialismo del Siglo XXI. Políticas que nunca tuvieron como objetivo al individuo y su progreso, a pesar de que sus autores hablaran en nombre de los más débiles. El resultado ha sido notorio: un país frágil en todo el sentido de la palabra y en todas las esferas de interés, y bajo estas condiciones enfrentamos una crisis pandémica, cuyas medidas preventivas golpean inevitablemente lo que queda de economía.
El contexto actual se caracteriza por un choque tanto de demanda como de oferta, motivado no solo por la recesión que implica el confinamiento, sino por la escasez de gasolina que restringe el transporte a todo nivel, afectando a toda la interrelación que pueda existir entre los agentes económicos, que no pueden trasladar bienes al mercado, lo que pone en jaque a la actividad económica. Esta situación comienza a manifestarse a través de los precios. Su variación no es un problema en sí mismo, es reflejo de un problema mayor, de una causa que se esconde entre mucho ruido y que puede ser difícil de discernir para quienes desconocen de la materia o la ignoran deliberadamente. Por esto es que mentes inescrupulosas lo primero que pretenden es controlar la consecuencia, no la causa del problema.
Al actual choque se le suman un conjunto de políticas – todas perniciosas – dentro de las cuales se encuentra la subvención directa y el pago de nómina de la pequeña y mediana empresa por parte del régimen, esto financiado con monetización del déficit, lo que significa un aumento de oferta monetaria que no encuentra demanda alguna. Así al choque de la economía real se le suma el impacto en la economía monetaria que desemboca en un impacto en el nivel de precios, y en el tipo de cambio frente al dólar.
Variación de precios en la ciudad de Caracas
Tipo de cambio promedio en el mercado
Mientras los gobiernos del mundo resuelven disminuir la presión fiscal con la finalidad de que los ciudadanos tengan mayores recursos a disposición, en Venezuela la presión fiscal se mantiene, e incluso ha aumentado desde enero de 2020, pues no existen fondos de previsión o estabilización de los cuales se puedan disponer en este tipo de situaciones excepcionales. Por lo tanto, la solución del régimen es presionar al ciudadano, generando un juego de suma cero. La actual situación fiscal, y la imposibilidad – dada la crisis política – de acceder al crédito internacional, nos hace suponer una monetización del déficit aún más acentuada en los días por venir, pues técnicamente no tienen forma inmediata de generar ingresos.
Ante esta situación, y renuentes a abandonar la política inflacionista de gasto público financiado mediante emisión de dinero, resolvieron trasladar el costo político generando un ‘culpable’, el sector privado productor, y señalar que se encargarán de controlar el desajuste de precios, no con el cese de las políticas perniciosas ya mencionadas – cuyo ejecutor es harto conocido -, sino con la ocupación temporal de Alimentos Coposa, y con el control de precios de los productos ofrecidos por Alimentos Polar, Plumrose y un matadero ubicado en el edo. Aragua. Regresó además la fiscalización de los mercados, y una lista de productos básicos con precios regulados – que la neolengua los cataloga como “acordados” -.
Se había desistido notoriamente de la regulación de los precios, y los mercados comenzaron a abastecerse de productos principalmente importados, de menor calidad y con una alta heterogeneidad de marcas desconocidas, pero parcialmente accesibles para una demanda considerablemente pobre. El cese del control de precios desincentivó la reventa indiscriminada de productos “protegidos”. Y es que tras la regulación de un precio, le sigue un control de la demanda; es cuando aparecen las restricciones a la venta y los mecanismos regulatorios como por ejemplo las ventas por número de cédula de identidad o el “tanto por persona”.
La regulación de precios significa establecer arbitrariamente el precio de una serie de productos por debajo de lo que ha establecido el mercado. Esto tiene dos implicaciones inmediatas: en primer lugar que el precio se encuentra por debajo de lo que las personas han estado dispuestas a pagar – dado un nivel de oferta -, e implica que el precio está por debajo de lo que los comerciantes están dispuestos a vender – dado un nivel de demanda y competencia -. La consecuencia es obvia y se llama escasez.
La escasez implica – entre otras cosas – unas expectativas racionales muy evidentes: mañana habrá menos de lo que hay hoy. Por lo tanto, en la medida de lo posible las personas comienzan a abastecer sus previsiones domésticas, procurando hacer frente a esos escenarios. Esto, contrariamente a lo que se quiere, aumenta la demanda de los productos regulados, agotándose las existencias en los almacenes de los comercios. Las colas para comprar alimentos comienzan a ser la norma, a la par de una disminución en la oferta que afecta la reposición de los inventarios. Todo este panorama despierta un conjunto de consecuencias económicas, es una cadena de incentivos producto de una economía intervenida, ya de esto tenemos experiencia: estraperlo o bachaqueo y contrabando.
Este terrible escenario se nos presenta en medio de un confinamiento, es decir, una situación donde muchos ciudadanos tienen sus ingresos seriamente comprometidos, y donde la circulación es limitada, lo que significa que ante la ausencia de productos no hay mucho qué hacer, o a donde ir.
En economía siempre se puede estar peor, y estamos a punto de comprobarlo personalmente.